El documental Presunto Culpable, que saliera a la luz en febrero del 2011, exhibía las terribles fallas del sistema de justicia del Distrito Federal, y por ende, un fiel reflejo de lo que ocurre en el resto del país, ha vuelto a la escena pública y a demostrar la impunidad y corrupción que existe en los juzgados no solo del Distrito Federal, sino de todo México.
La productora del documental Layda Negrete y el director Roberto Hernández, enfrentaron 19 litigios por los que deberán de pagar 3 mil millones de pesos por daño moral al ser demandado principalmente por Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial quien detuvo a Antonio Zúñiga (el presunto culpable) así como Víctor Reyes Bravo quien atestiguó en contra de Zúñiga por el asesinato de su primo, lo que sirvió para darle sentencia de 20 años a Toño. La demanda se presentó porque los productores no solicitaron permiso para difundir las imágenes de las personas que aparecen en la grabación.
Más allá de la multa sobre los daños a la moral, la productora y el directos han expuesto en las redes sociales su indignación por los hechos y las formas en que se han llevado a cabo los procesos legales contra ellos, pues mediante la cuenta de Twitter @PresuntoC han puesto el siguiente comentario: “Admite testigo de Presunto Culpable que no ha visto el documental pero sostiene que éste tergiversa la realidad”.
También han expuesto a la opinión pública que han recibido acoso judicial, censura y que el proceso de los litigios se ha llevado sin imparcialidad, ya que Rosario Mancera, juez del juzgado decimoséptimo del DF, prohibió el acceso a la prensa así como cualquier tipo de grabación de la audiencia evidenciando así la poca transparencia y legalidad de la justicia en México.
La productora del documental Layda Negrete y el director Roberto Hernández, enfrentaron 19 litigios por los que deberán de pagar 3 mil millones de pesos por daño moral al ser demandado principalmente por Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial quien detuvo a Antonio Zúñiga (el presunto culpable) así como Víctor Reyes Bravo quien atestiguó en contra de Zúñiga por el asesinato de su primo, lo que sirvió para darle sentencia de 20 años a Toño. La demanda se presentó porque los productores no solicitaron permiso para difundir las imágenes de las personas que aparecen en la grabación.
Más allá de la multa sobre los daños a la moral, la productora y el directos han expuesto en las redes sociales su indignación por los hechos y las formas en que se han llevado a cabo los procesos legales contra ellos, pues mediante la cuenta de Twitter @PresuntoC han puesto el siguiente comentario: “Admite testigo de Presunto Culpable que no ha visto el documental pero sostiene que éste tergiversa la realidad”.
También han expuesto a la opinión pública que han recibido acoso judicial, censura y que el proceso de los litigios se ha llevado sin imparcialidad, ya que Rosario Mancera, juez del juzgado decimoséptimo del DF, prohibió el acceso a la prensa así como cualquier tipo de grabación de la audiencia evidenciando así la poca transparencia y legalidad de la justicia en México.
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